Los datos de 2018 muestran que se han pagado por siniestros agrícolas más de 755 millones de euros en indemnizaciones a nivel estatal, con una superficie total siniestrada de 1,4 millones de hectáreas. Es, por tanto, el segundo de la serie histórica de cuarenta años en cuanto a siniestralidad, tras el récord de 2012 en el que se pagaron 800,25 millones de euros.

Así, nos encontramos que en una década hay tres años récord de siniestralidad: 2012, 2017 y 2018 con el agravante de que dos de ellos son seguidos. Cierto es que el sistema de seguros agrarios ha estado a la altura y ha respondido demostrando su solvencia , sin olvidar que ha sido el Consorcio de Compensación de Seguros el que ha compensado el exceso de siniestralidad.

¿Aguantará el sistema?

La pregunta que surge es si el sistema aguantará si continúa esta tendencia de accidentes climatológicos. Entendemos que sí, así debería de ser, y lo que también entendemos es que el “peso” de esta elevada siniestralidad no debería recaer sólo en el asegurado agricultor o cooperativa.

Un incremento de tasas y unas mayores franquicias en las pólizas es la solución más fácil, pero no es la adecuada, sobre todo cuando se roza el equilibrio de indemnizaciones a primas, pues provocaría una “espantada” de asegurados, que es lo peor que le puede pasar al sistema.

Se deben buscar soluciones imaginativas que faciliten la entrada de más asegurados, incluso buscar la obligatoriedad de asegurar en algunos casos, condicionar ayudas a la contratación del seguro, bonificar a los nuevos, etc. con el objetivo de acercarnos a la universalidad y dispersar verdaderamente el riesgo.

Es obligación de todas las partes: agricultores y cooperativas, compañías de seguros, Agroseguro y administraciones públicas, el trabajar para que este sistema que ha sido válido ya cuatro décadas continúe siéndolo por lo menos otras tantas más.

La Comunitat Valenciana, entre las regiones más afectadas.

Según los datos difundidos por Agroseguro, por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha,  Aragón, Murcia y la Comunitat Valenciana han sido las regiones más afectadas. Así, la  siniestralidad ha alcanzado los 92 millones de euros en Castilla-La Mancha y los 90 millones de euros en Aragón. En la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, la cantidad se ha situado en torno a los 89 millones.